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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

PRESENTACIÓN

La administración pública vive un entramado legal que ha originado procesos
administrativos garantistas, que sobrepasan la capacidad de reacción, de
las Instituciones encargadas de la ejecución y seguimiento del proceso de
fiscalización; para el caso del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Oaxaca, el tema se vuelve más complejo, dado que debemos considerar
el alto número de entes a fiscalizar, que ascienden a 663, de los cuales 570
son municipales, con factores exógenos que inciden en el proceso, como la
orografía y la pluriculturalidad en 417 de ellos, lo que provoca, la existencia
de sistemas normativos indígenas que comprenden administraciones de
tres años, dos años, año y medio y un año, aunado al limitado presupuesto
que se asigna para el desarrollo de la actividad fiscalizadora.

Los citados factores adquieren relevancia, si tomamos en consideración
el entorno que vive la administración pública en sus diferentes niveles, en
donde se hace necesaria una reingeniería, sin dejar de lado la urgencia de
adaptarse al contexto que se vive, debido a la pandemia provocada por
el Virus SARS CoV2 (Covid-19), para lo cual debemos contextualizar el
Estado de Oaxaca, en donde actualmente seria difícil aplicar herramientas
tecnológicas, como se pretende por parte de los países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la
cual México forma parte, pues otorgar a los Municipios de Oaxaca, un trato
igual que a los del resto del país, sería generarles incertidumbre y dejarlos
en estado de indefensión, que provocaría corrupción, sin que ello signifique
que sea imposible, ya que su implementación debe ser producto de un
análisis objetivo del cual deriven las reformas legales correspondientes.

Por lo anterior, para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca
es importante coadyuvar en el proceso de implementación de herramientas
tecnológicas, que permitan el cumplimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, entre otras, para implementar aquellas tendientes a
vincularse en los procesos de fiscalización.

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